Cuba Nuestra: Sociedad Civil


La liberación de José Daniel Ferrer: Un análisis
4 abril, 2020, 6:29
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Jorge Hernández Fonseca
3 de Abril de 2010

La liberación del líder opositor José Daniel Ferrer es un signo increíble de debilidad de la dictadura comunista cubana –pudiera decirse que es casi el único– en sus más de 60 años de existencia. Este golpe opositor, que marca un hito en la lucha de la UNPACU y del pueblo cubano contra la dictadura que lo oprime, pudiera señalar el principio del fin de una época.

Este fin de época sin embargo, muy probablemente no significará una rápida recuperación de las libertades políticas, pero ciertamente que este golpe opositor contra la férrea dictadura que oprime al pueblo cubano tiene un significado más allá de un gesto de buena voluntad. Esta liberación ha sido obligada. Las presiones que ha sufrido la dictadura castrista y que motivaron la liberación de Ferrer provienen de dos frentes diferentes: por un lado, hay una presión interna, del pueblo cubano, del Coronavirus y de sectores del propio régimen; y por otro, una presión internacional que hoy tiene nombre y apellidos: una flota de guerra de EUA frente a Venezuela.

No es descabellado asumir que en la actualidad existen conversaciones privadas de EUA con la dictadura cubana, sobre todo, motivadas por la preocupación de EUA con Venezuela. De la misma manera que EUA no sólo tiene una flota de guerra en aguas del Caribe, muy cercanas a Venezuela, sino que también ha propuesto una solución política a Maduro que lo liberaría de enfrentar los tribunales. Deduzco por eso que hay también una propuesta de EUA formulada a la Habana, la que probablemente implicó el pedido a Cuba de “un gesto”: liberen a J. D. Ferrer.

Hoy se asume que en Cuba hay un gobierno dividido –desde que Silvio Rodríguez y otros personeros castristas se manifestaron públicamente contra la excesiva represión a opositores pacíficos– que ya había provocado antes la liberación de Luis Otero Alcántara, sabiendo además que tanto Raúl Castro como Ramiro Valdez estarían enfermos y que las decisiones las estaría tomando el impopular Machado Ventura– no es difícil aventurar que sectores menos rígidos estarían dando las cartas al interior del esquema castrista, dentro del partido comunista.

Si las cosas fueran como planteado, muy probablemente la propuesta norteamericana a los comunistas cubanos sería del mismo tono a las propuestas formuladas a Maduro. Es decir, no serían propuestas radicales para que los gobernantes cubanos dejaran de inmediato las riendas del poder. Probablemente estarían dirigidas a permitir ciertas libertades sociales, económicas y políticas –aceptables para Cuba– pero que garanticen dos aspectos que EUA aprecia mucho: el no permitir de manera ninguna el tráfico de drogas en la isla, o tomando como base la misma; e incentivar un sistema económico autosuficiente, que evite un éxodo descontrolado hacia EUA.

Escribo estas deducciones como observador –lo más imparcial posible– del panorama político actual de EUA y sus vecinos latinoamericanos. Como cubano, me gustaría vislumbrar la posibilidad de una presión norteamericana para derrotar totalmente la dictadura castrista, pero las circunstancias actuales indican que sería un proceso, que EUA iniciaría de forma gradual. Cuba, diferentemente que Venezuela –y a los ojos de Washington– no tiene una oposición política tan estructurada dentro del país como Venezuela, cosa que se resolvería con el tiempo.

Artículos de este autor pueden ser encontrados en http://www.cubalibredigital.com



Conferencia de Obispos Católicos de Cuba suspende celebraciones litúrgicas — masonerialibertaria
25 marzo, 2020, 13:47
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La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba decidió suspender todas las celebraciones litúrgicas públicas en los templos y comunidades de la isla, a The post Conferencia de Obispos Católicos de Cuba suspende celebraciones litúrgicas appeared first on masonerialibertaria.

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La Policía cubana detiene a activistas que pedían la libertad de Otero Alcántara — masonerialibertaria
10 marzo, 2020, 11:05
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DDCLa Habana 09 Mar 2020 – 21:58 CET La periodista independiente Camila Acosta, la exprofesora Omara Ruiz Urquiola y el activista Abu Dujanah Tamayo fueron detenidos por la Policía The post La Policía cubana detiene a activistas que pedían la libertad de Otero Alcántara appeared first on masonerialibertaria.

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Performance para exigir la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero, encarcelado injustamente por el gobierno
10 marzo, 2020, 5:21
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Estimados:
Ante todo un saludo. 
Somos un grupo de profesionales del arte y la cultura; intelectuales cubanos fundamentalmente, que desarrollamos nuestra actividad  fuera del país, aunque con fuerte compromiso con él y sus dinámicas. El correo que nos identifica es resultado de un evento académico celebrado en octubre de 2019, organizado por nosotros y con sede en la Universidad Iberoamericana, para polemizar críticamente acerca de los impactos en todas las esferas de la sociedad de la Revolución Cubana a partir de su ascenso al poder en 1959.
Nos convoca ahora la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sufrido múltiples actos de represión, censura y encarcelamientos al margen de supervisiones judiciales y en la actualidad, se le pretende someter a un juicio sumario abreviado, imputándosele cargos de “ultraje a los símbolos patrios” y “daños a la propiedad”, en un proceso no exento de arbitrariedades, y en el cual se le pretende juzgar como delincuente común cuando en realidad la condena responde a la potencia crítica de su arte, de cuya legitimidad no dudamos, y que no se ha mostrado jamás complaciente respecto a la negativa situación de Cuba. Además de esgrimirse, para su incriminación, argumentos de tipo racista y clasista. Para más información sobre el artista,su obra y el historial de detenciones injustas ponemos a su disposición los siguientes links, donde artistas e intelectuales se pronuncia en favor de su libertad: 
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/president_manuel_diazcanel_free_luis_manuel_otero_alcantara/
http://rialta-ed.com/retrato-luis-manuel-otero-alcantara/
https://www.hypermediamagazine.com/seccion/dosieres-hm/solidaridad-con-luis-manuel-otero-alcantara/
Ponemos en conocimiento vuestro que mañana Martes 10 de marzo de 2020, en las afueras del Museo de Arte Moderno, se activará una performance para exigir la liberación de Luis Manuel Otero. Le invitamos a ser testigos y documentadores del evento que, como la obra de Luis Manuel, sobrepasa las fronteras del arte y que requerirá de presencia en los medios para hacerse sentir y lograr su objetivo inmediato. Para ello solicitamos también su apoyo. 
Agradecidos de antemano.  
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SISTEMA JUDICIAL DE CUBA: UN INSTRUMENTO DE LA REPRESIÓN DEL ESTADO
8 marzo, 2020, 19:52
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Por: Lcdo. Sergio Ramos

Recientemente un tribunal de Cuba juzgó al opositor José Daniel Ferrer por alegados delitos comunes en un proceso viciado por el hermetismo, los maltratos al acusado e irregularidades procesales; lo cual deja a todas luces una crasa violación de los derechos humanos al presidente de la organización opositora UNPACU.
No es la primera, ni será la última mientras gobierne la dictadura castrista, que el sistema judicial de Cuba se convierta en un componente de la maquinaria represiva del régimen.
Remontándonos a los comienzos de la dictadura castrista, observamos como esta utilizó los tribunales de justicia para perseguir a los opositores, encarcelarlos y hasta asesinarlos en el paredón de fusilamiento. Y es que a lo largo de la existencia de la tiranía, esta ha utilizado los procesos judiciales contra los opositores al régimen ante los Tribunales de Justicia como antifaz para encubrir los crímenes de lesa humanidad del régimen, dándoles una falsa apariencia de legalidad.
Son muchas las monstruosidades anti-jurídicas cometidas por la dictadura. Por mencionar algunas, está aquel juicio en marzo 1959 contra los pilotos de la Fuerza Aérea de la República de Cuba, en donde un tribunal los absuelve, y, acto seguido, por órdenes expresas del tirano Fidel Castro, fueron vueltos a juzgar y condenados al paredón unos y otros a largas penas de cárcel.
Otro ejemplo fueron los “juicios” contra los guerrilleros pro-democracia de la Sierra del Escambray durante la década de los sesenta. Fueron cientos de casos donde los patriotas anti-comunistas, hechos prisioneros, eran juzgados por las mismas tropas castristas que los apresaron, auto-constituyendose en tribunales, y condenandolos a muerte y fusilandolos de inmediato por los propios captores. Unos procesos que solo pueden definirse, en honor a la verdad, como un viles asesinatos de prisioneros por sus captores.
Como también lo fue la teatral farsa judicial realizada para infundir, vía la televisión, el miedo al pueblo al poder represivo del régimen, durante el juicio del coronel del ejército de la República Jesús Sosa Blanco. Durante ese viciado proceso realizado en una cancha deportiva, a modo de circo, los testigos dijeron que oyeron los tiros, y al ser contrainterrogados por la defensa, reconocieron que ellos estaban lejos del lugar, “al cantío de un gallo”, y en donde uno de los que testificó confesó que eso era a una distancia como a 20 leguas de lugar de los hechos. Sosa Blanco fue fusilado.
Otro espectáculo judicial televisado para aterrorizar al pueblo y justificar la eliminación potenciales rivales políticos, lo fue al juicio al Gral. Arnaldo Ochoa y sus oficiales allegados en 1989. Ochoa fue fusilado junto a varios de ellos, y mientras que otros los condenaron a largas penas de cárcel. Ocasión en donde Castro se inventó de la noche a la mañana un tribunal que no estaba contemplado en las leyes vigentes y que llamó “tribunal de honor”. De hecho, el propio dictador dirigió tras-bastidores todas las instancias y decisiones de ese juicio.
Para el año 2003 la tiranía desató una oleada represiva la llamada Primavera Negra, donde 75 opositores pacíficos fueron detenidos, juzgados y condenados a largas penas de cárcel por el simple hecho de criticar y protestar, pacífica y públicamente, en contra del régimen castrista.
Todos estos casos se caracterizaron por no haber, derecho a una defensa eficaz, ni a un proceso limpio, imparcial y transparente ante un verdadero, imparcial y legítimo tribunal de justicia.
El reciente juicio a José Daniel Ferrer es otro ejemplo del carácter anti-jurídico del sistema judicial cubano, pues estuvo plagado de incumplimientos a las normas internacionalmente aceptadas para un juicio justo e imparcial. Veamos: A José Daniel Ferrer se le somete a juicio después de cuatro (4) meses de prisión sin juicio, ni orden judicial, y en donde se le negó el derecho a un abogado, estando incomunicado. Además, fue sujeto a torturas según pudieron evidenciar sus familiares en las contadas y cortas visitas que les permitieron. El juicio fue a puertas cerradas, sin la presencia de ciudadanos y familiares que estaban interesados en asistir al mismo. Inclusive representantes de la Comunidad Europea y de Amnistía Internacional solicitaron estar presentes en el juicio y el gobierno cubano les negó su solicitud. Por el contrario, el área del juzgado fue fuertemente acordonado por agentes la policía política, la Seguridad del Estado creando un estado de hermeticidad, aislamiento y secretismo en el desarrollo de la vista judicial. José Daniel Ferrer no tuvo acceso, ni condiciones para la preparación y defensa adecuada de su caso y a poder presentar prueba exculpatoria, tanto documental como testifical.
Obviamente, esas medidas de aislamiento y hermeticidad fueron tomadas por el gobierno cubano, desde las más altas esferas; lo que evidencia una intromisión indebida de la alta cúpula del gobierno en los asuntos que deben ser de la exclusiva competencia de la judicatura , violentando el Principio de la independencia judicial que ha de tener todo Tribunal de justicia y pone en entredicho la imparcialidad del juzgador.
Lo cierto es que el sistema judicial de Cuba es un engranaje más de la maquinaria represiva de la tiranía. No existe, en el sentido estricto de la palabra, un verdadero sistema judicial imparcial y autónomo que imparta justicia al pueblo. El sistema judicial es un mecanismo más para la represión y opresión de los ciudadanos, controlado por la alta cúpula del poder dictatorial.
De acuerdo a los Principios Básicos Relativos a la Independencia Judicial de la Judicatura adoptado por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985 se establece en su párrafo 4 que: “No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales.”
El desarrollo anómalo del procedimiento judicial contra José Daniel Ferrer, demostró que existe total falta de imparcialidad por parte del Tribunal que lo juzgó, lo cual también contraviene dichos Principios en cuanto a la imparcialidad de los jueces que intervinieron en dicho caso, toda vez que es patente la intromisión de las altas esferas gubernamentales del Estado Cubano en esta causa judicial. De hecho, acorde a los principios antedichos de las Naciones Unidos, se establece al párrafo 2 que: “2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.”
En un país respetuoso de los derechos humanos y donde reine un estado de derecho administrado por una rama judicial verdaderamente independiente y autónomo este juicio seria nulo.
Lo que pasa es que en Cuba no existe una real separación de poderes en donde la rama judicial sea plenamente independiente y separada del poder ejecutivo, sino, por el contrario, que es una herramienta de poder del gobernante, el cual ejerce su arbitraria voluntad y le dicta pautas a la judicatura, cercenando su imparcialidad e independencia.
El problema de la parcialidad y dependencia de la judicatura cubana del ejecutivo tiene un carácter institucional, pues el artículo 148 de la recién impuesta constitución de Cuba de 2019 estable que: “ARTÍCULO 148. Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas. A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.”
Obsérvese que concede una “independencia funcional” pero como parte de “un sistema de órganos estatales”, lo cual no constituye una verdadera separación de poderes entre ejecutivo y otros poderes del estado para con el poder judicial. Además, que “A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, toma decisiones y dicta normas de obligado”…”imparte instrucciones de carácter obligatorio”. Lo cual deja establecido la potestad de injerencia del ejecutivo para dictar pautas y órdenes a la judicatura. En otras palabras, da potestad al Consejo de Gobierno para intervenir en los procesos judiciales del país, como ya hemos visto en múltiples situaciones judiciales que a lo largo de seis décadas de dictadura castrista en Cuba.

Por cuanto, las infracciones de las citadas normas sobre la independencia de la judicatura constituyen una crasa violación de orden institucional de los Derechos Humanos de los acusados en Cuba, lo cual contraviene lo dispuesto en La Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Artículos 9 y 10 establecen que:
“Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado.” Y el “Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

En el caso particular del José Daniel Ferrer se le violaron sus derechos humanos en lo concerniente a los artículos 9 y 10 de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al ser detenido arbitrariamente y sin juicio justo, ni debida asistencia legal por cuatro meses (Desde octubre de 2019). Y además, porque el juicio, fue celebrado a puertas cerradas, en condiciones de indefensión jurídica, y ante un tribunal viciado por la injerencia de los intereses políticos del gobierno, por tanto, carente de toda independencia e imparcialidad.

A esto añádase las denuncias de tortura a las que fue sometido por los agentes de la Seguridad del Estado. Los familiares que visitaron a José Daniel Ferrer le vieron moretones producto de las golpizas recibidas. Y él les confesó que le encerraron en una celda con un criminal peligroso que recibió instrucciones de golpearlo.

La Convención contra la Tortura en su artículo 1 inciso 1 la define como:
“Artículo 1. (1). A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…“

De todos es sabido que uno de los métodos comúnmente utilizados por la Seguridad del Estado contra los opositores es someterlo a torturas, tanto físicas como psicológicas, para extraerles una confesión y obligarlos a admitir por escrito delitos o hechos que nunca cometieron y/o delatar a otros involucrados en la causa.
Cabe destacar que ya para el 16 de marzo de 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 31 periodo de sesiones, demandaba por la Integridad del sistema judicial de varios países, entre ellos Venezuela, Belorus, la Federación Rusa y Cuba, recabándoles ”… que la integridad judicial debe observarse en todo momento” y entre las exhortaciones específicas que les hacía a esos estados, y por ende, al régimen de Cuba estaban: “que todo tribunal que juzgue a una persona acusada de un delito debe ser competente, independiente e imparcial;” , instando “a los Estados a que garanticen a toda persona que comparezca ante los tribunales sujetos a su jurisdicción el derecho a estar presente durante el juicio, a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección y a disponer de todas las garantías necesarias para su defensa jurídica;” exhortándolos para que “garanticen el respeto del principio de igualdad ante los tribunales y ante la ley”…”ofreciendo a las personas sometidas a juicio la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;”
Además, en dicho documento el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Insta a los Estados correspondientes a que clausuren sin demora todos los centros de reclusión secretos que se encuentren bajo su jurisdicción o control…” “y a que velen por que todas las personas privadas de libertad sometidas a su autoridad tengan acceso a tribunales de justicia ordinarios que actúen de conformidad con las normas internacionales relativas a las garantías procesales y a un juicio justo” (Naciones Unidas A/HRC/31/L.1).
En el caso de José Daniel Ferrer, así como el de muchos otros opositores entre el 2016 a la presente fecha, demuestran que el régimen de Cuba ha hecho total caso omiso a las demandas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Nada de extrañar. Lo que sucede es que el sistema judicial de Cuba es parte del sistema represivo del estado dictatorial totalitario que impera en ese país. Por ello, dicho régimen debe ser objeto de la mayor y más enérgica condena internacional por su violación institucional de los derechos humanos de todo el pueblo cubano.
San Juan, Puerto Rico 8 de marzo de 2020



Cuán sacrílegos fueron Los Clandestinos (I) — El Hombre de Cuba Nuestra
29 febrero, 2020, 11:26
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Ya casi nadie se acuerda de ellos, pero hace un mes apenas hablaban de otra cosa quienes en las redes lideran el anticastrismo. Incluso una publicación tan seria dentro de la diáspora cubana como o en Cuba encuentro le dedicó buenos espacios, veamos algunas muestras: …Lo más grave de lo sucedido con los bustos de […]

a través de Cuán sacrílegos fueron Los Clandestinos (I) — El Hombre de Cuba Nuestra



Detienen en Cuba en el dia de ayer a Maria Elena Mir Marrero Secretaria General del CONIC
25 febrero, 2020, 10:04
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24 de febrero de 2020

EN EL DIA DE AYER, 23 DE FEBRERO, LA POLICIA POLITICA DE CUBA DETUVO DE FORMA ARBITRARIA Y SIN JUSTIFICACION LEGAL ALGUNA, A MARIA ELENA MIR MARRERO, SECRETARIA GENERAL DE LA CONFEDERACION OBRERA NACIONAL INDEPENDIENTE DE CUBA (CONIC) Y MIEBRO DE LA MESA DE UNIDAD DE ACCION DEMOCRATICA

Funcionarios del aparato policial represivo del régimen cubano detuvieron en el día de ayer, 23 de febrero a las 6:30 P.M., a la reconocida activista María Elena Mir Marrero quien es la Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD).

La arbitraria detención de la activista Mir Marreo fue realizada, sin justificación legal alguna y trasladada en contra de su voluntad a la Estación Policial de Zapata y C en la ciudad de la Habana, donde permaneció detenida hasta las 9:00 A.M. del día de hoy, 24 de febrero.

Nuevamente las autoridades del régimen cubano dan una muestra más de la ola represiva que están realizando contra todas aquellas personas cuyo único delito es solamente “el de pensar distinto y de querer una Cuba nueva, donde impere el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana en un verdadero Estado de Derecho”. Antes de ponerla en libertad la Secretaria General del CONIC, María Elena Mir Marrero fue amenazada por las autoridades de que podría ser encausada judicialmente y de que sería condenada perdiendo su libertad.

Actualmente la Sra. Mir Marrero es además la Coordinadora Nacional de la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios (RELLIC), una organización que se enfoca y promueve el liderazgo democrático en Cuba, y el pasado 5 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó una resolución solicitando medidas cautelares al gobierno de la Republica de Cuba, en beneficio de la activista ya que “que la información presentada demuestra prima facie que la señora María Elena Mir Marrero se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”. Ante esta detención del día de ayer queda claro que la solicitud de la CIDH al régimen de Cuba no ha sido escuchada

La Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC), que también está integrada a la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), denuncia enérgicamente estos actos represivos de las autoridades policiacas cubanas que violan los derechos fundamentales del ser humano y que hacen que la activista María Elena Mir Marrero se encuentre “en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo” según ha declarado la CIDH.

La Solidaridad de Trabajadores Cubanos solicita de los organismos e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos, así como también a las organizaciones amigas del mundo de los trabajadores y a las organizaciones y personalidades independientes que participan en la MUAD, que eleven sus voces de protesta y que reclamen del gobierno de Cuba la inmediata suspensión de estas prácticas represivas y que garanticen el respeto de todos sus derechos, a todos aquellas personas que al igual que María Elena Mir Marrero, lo único que desean es vivir en libertad en un Estado de Derecho, con justicia social donde sus vidas e integridad personal no esté en peligro.

Por el Secretariado Ejecutivo de la STC, Juan Antonio Francés Garay, Presidente