Cuba Nuestra: Sociedad Civil


PERIODICO GRANMA DESCUBRE INEXISTENCIA DE DERECHO A LA INFORMACION
18 julio, 2011, 20:14
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Temprano en la mañana la cola frente al quiosco se inquieta. Están demorados los periódicos Granma y Juventud Rebelde. Un anciano comenta que se rompió el camión de reparto, otro asegura que se anunciará de algo importante. Llega corriendo un vecino que divisó al mensajero acercándose en bicicleta. Lentamente cuentan la carga y comienza la venta del original –el órgano oficial de Partido Comunista- y su copia -JR-, con sus escasas páginas y machacones escritos, que ni importan porque el rudo papel tendrá utilidad en labores hogareñas a falta de otros materiales.

La información en Cuba ha sido celosamente guardada, ya que “el enemigo podría utilizarla para atentar contra la revolución”. Bajo ese supuesto se censuró, cerró y unificó los medios para “guiar” al pueblo mediante escasos y escuálidos periódicos; la emblemática revista Bohemia con muy pocos ejemplares, la mayoría solo encontrados en el mercado negro, y en los últimos años algunas especializadas también con tiradas muy limitadas. La radio y la televisión han gozado de temas, artistas, música y expresiones absolutamente prohibidas con el fin de “formar” adecuadamente, en un contexto de técnica atrasada y muy limitados medios materiales. Los programas políticos siempre han rebosado de recursos; aunque casi nadie vea la Mesa Redonda y otras “descargas”, los mensajes subliminales llenan el espacio.

Los dirigentes y funcionarios de arriba abajo se blindaron con las necesidades de defender la información. El miedo a ser “tronado” por salirse del guión, o sea ser castigado en el partido y perder el puesto, ha convivido con el escudo para impedir que se conociera la falsedad en los sobrecumplimientos de planes productivos y obras, los desvíos, la corrupción y otras cosas más. Venían muy a propósito las consignas y frases altisonantes. La doble moral lastró a los cubanos, que han pensado de una forma y actuado de otra, de generación en generación, hasta desaparecer o no forjarse los valores cívicos en muchos.

Pero al pueblo se nos descubre el Mar Caribe de vez en cuando. Indudablemente de cada uno de esos asuntos hay mucho que hablar, si se pudiera o se quisiera realmente. Todo radica en que la libertad de expresión y derecho a la información se mantienen coartadas, y hay muy poca disposición a afrontar las consecuencias implícitas en la decisión de ejercerlos. Se recuerda los linchamientos políticos, los años de cárcel o el exilio. Los periodistas e intelectuales siguen al pie de la letra las directivas del Partido Comunista, y a veces se “desorientan” con las directivas sobre la necesidad de aportar informaciones “veraces, profundas y críticas”, surgidas en diversas etapas, como la actual. Por esa sintonía anduvo Esteban Morales, asiduo participante en la Mesa Redonda, quien recién recuperó su militancia partidista, perdida por escribir sobre la corrupción en las altas esferas y otros problemas, a pesar de que no profundizó en su raíz.

Al parecer, siguiendo la referencia del presidente Raúl Castro en el VI Congreso del PCC sobre “la difusión, en no pocas ocasiones, de materiales aburridos, improvisados y superficiales” y su orientación de que los cuadros administrativos y políticos brindaran información a la prensa, el periódico Granma publicó el 8 de julio el artículo “El derecho a la información”. En él, la periodista Anneris Ivette Leyva se refiere a los “innumerables e ilógicos escollos, en esferas muy distantes a los asuntos de secreto estatal, que obviamente precisan de tratamiento diferenciado”. Señala que cuestiones económicas de interés público “son todo el tiempo saeteadas por la incomprensión de muchos funcionarios administrativos, quienes parecen vivir ajenos al derecho de los ciudadanos y a la irritación que en la población causa el no explicar a tiempo los porqués de un fenómeno o medida”. Incluso menciona una Resolución del Buró Político del Partido de febrero de 2007 que estipula que los cuadros administrativos y políticos deben estar preparados para brindar a la prensa la información solicitada para incrementar la eficacia informativa de los medios de comunicación masiva. También cita los “principios democráticos propugnados por nuestra legalidad, establecidos en la Constitución de la Republica”.

El escrito ha llamado la atención porque se intuye que en Cuba, y especialmente en ese periódico, se publica lo orientado desde arriba. En realidad, no sobrepasa las contradicciones provocadas por el rígido control del grupo de poder, que niega el derecho a manifestar un criterio divergente al suyo. La intención de la periodista podría ser plausible, pero se constriñe por los límites conceptuales del Artículo 53 de la Constitución de la República: “Se reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La Ley regula el ejercicio de estas libertades”.

Mientras informante e informadores no dispongan de independencia, respeto y garantías, difícilmente se logre veracidad y el ejercicio del derecho a la información.

La Habana, 9 de julio de 2011

Miriam Leiva

Periodista Independiente

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